La suspensión de la licitación de la vía navegable del Paraná reavivó el debate sobre el rol de las provincias y la necesidad de mayor control. Legisladores y referentes del sector privado exigen transparencia y rechazan la exclusión de los gobiernos locales en la toma de decisiones.
Tras la fallida licitación del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal del Paraná, actores públicos y privados de la región retomaron la discusión sobre los pasos a seguir. La Comisión de Producción del Concejo Municipal organizó un encuentro con funcionarios, legisladores y representantes del sector privado, donde surgieron matices, cruces y posiciones encontradas. Sin embargo, hubo consenso en exigir mayor transparencia y control, así como mayor participación de las provincias en la gestión de la hidrovía. También se planteó la necesidad de reducir el plazo de concesión en futuros pliegos.
Un proceso fallido y la oportunidad de corregir errores
El gobierno nacional dio de baja la licitación tras la presentación de un solo oferente, lo que para muchos legisladores y especialistas representa una oportunidad para reformular el proceso. La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, destacó la urgencia de una nueva licitación con mayor transparencia, un órgano de control con participación provincial y la garantía de obras en toda la traza hasta Confluencia. Además, propuso reducir los plazos de concesión y revisar los objetivos de calado.
Por su parte, Javier Cervio, de la Bolsa de Comercio, insistió en que el modelo a implementar debe otorgar previsibilidad y estar a cargo de empresas con experiencia internacional, garantizando competencia económica para reducir el costo del peaje. En la misma línea, Juan Carlos Venesia, del Instituto de Desarrollo Regional, sostuvo que los contratos no deben extenderse más allá de 10 a 15 años y que se debe incorporar la normativa ambiental antes de avanzar con nuevas concesiones.
El papel de las provincias y la falta de control
El senador Marcelo Lewandowski recordó su proyecto de ley para crear una comisión bicameral de control de la hidrovía y celebró la caída de la licitación al considerar que ahora se debe comenzar de nuevo, pero con protagonismo de las provincias. En la misma línea, Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, pidió derogar el decreto 699, que disolvió el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), el cual garantizaba la participación de las provincias en el proceso.
Desde la oposición, la diputada Germana Figueroa Casas (PRO) coincidió en la necesidad de mejorar los pliegos, reducir los plazos y establecer mejores mecanismos de control. También desmintió las acusaciones del gobierno nacional sobre un supuesto boicot del macrismo a la licitación.
Soberanía y control ambiental
El diputado provincial Carlos Del Frade advirtió que la discusión sobre la hidrovía no debe limitarse a cuestiones técnicas, sino que es un tema político y de soberanía. Exigió que los estudios de impacto ambiental sean previos a cualquier concesión y cuestionó que los informes encargados a la UNR estén en manos de la empresa Jan de Nul, actual operadora y posible futura concesionaria.
Desde el Foro de Recuperación del Paraná, Pablo Payró rechazó la extranjerización del río y el intento de profundizar el dragado, al sostener que en ningún otro país del mundo los buques de ultramar se internan 500 kilómetros en un río. Además, denunció que la concesionaria anterior explotó durante décadas las dragas del Estado sin reinversión.
Puertos y cabotaje: el riesgo para el empleo
El debate también puso en agenda la situación de los puertos y el futuro de la navegación de cabotaje. En el Concejo se escucharon reclamos para retirar la concesión de la terminal local a TPR y advertencias gremiales sobre el impacto de cambiar la ley de cabotaje, que actualmente protege los barcos de bandera argentina.
El secretario general de Siconara, Fernando Ramírez, alertó que la apertura del cabotaje a embarcaciones extranjeras podría poner en riesgo 22.000 empleos. Néstor Larrosa, del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, coincidió en que la derogación de la ley significaría la desaparición de los pocos trabajadores del sector que aún quedan en actividad.
Por su parte, la presidenta del Ente Administrador del Puerto de Rosario, Graciela Alabarcé, lamentó la pérdida de la flota de bandera, aunque señaló que hoy prácticamente no existe. Sugirió que los gremios revisen su impacto en el costo logístico.
Un debate que no puede quedar en el aire
Desde el Concejo Municipal, la presidenta de la Comisión de Producción, Norma López, subrayó la importancia de continuar con el seguimiento del tema y evitar que la discusión quede en la nebulosa. Su par, Mariano Roca, valoró la institucionalidad del encuentro y la necesidad de mantener la participación de todos los sectores involucrados.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Seguimiento de la Licitación de la Hidrovía en Diputados, Ariel Bermúdez, destacó que Santa Fe está tratando de unificar su postura sobre el tema. Sin embargo, el futuro de la hidrovía sigue siendo incierto y la posibilidad de una nueva licitación aún está lejos de concretarse. Lo que queda claro es que la región no está dispuesta a seguir marginada de las decisiones sobre su propia vía navegable.
