Este miércoles se cumple un año desde que comenzó una serie de crímenes que paralizó a Rosario. Cuatro trabajadores fueron asesinados en sus puestos laborales en menos de una semana, dejando una estela de conmoción y miedo en la ciudad. Los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich marcaron un punto de inflexión en la violencia urbana, que parecía ser una represalia de bandas criminales contra el gobierno provincial.
Desde un primer momento, el gobierno de Maximiliano Pullaro intentó vincular estos crímenes a un ajuste de cuentas entre las bandas criminales y el sistema de seguridad de la provincia. Sin embargo, más de un año después, los motivos exactos y los responsables de los asesinatos siguen sin esclarecerse por completo. El gobernador Pullaro expresó en sus redes sociales: “No quiero que nadie con responsabilidades de gobierno olvide a esas víctimas inocentes. Sus familias los recuerdan cada día.”
El contexto detrás de estos crímenes es complejo y responde a un escenario de descontrol en las cárceles, donde se gestaban las órdenes para cometer los homicidios. La crisis del sistema penitenciario y las tensiones entre las bandas que operan en el interior de las prisiones llevaron a una escalada de violencia en la que se implicaron tanto menores como adultos.
La saga de crímenes comenzó el 5 de marzo de 2024, con el asesinato de Héctor Figueroa, un taxista de 43 años, a manos de un pasajero. Solo 24 horas después, Diego Celentano, otro taxista, fue asesinado en circunstancias similares. Ambos crímenes fueron cometidos con la misma arma, que posteriormente se vinculó con la Policía de Santa Fe. A partir de estos dos asesinatos, la ciudad se sumió en una crisis de inseguridad que dejó un saldo de víctimas adicionales, como el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich, quienes también fueron asesinados mientras trabajaban.
El clima de violencia se agudizó cuando, en un mensaje de bandas criminales, apareció una bandera con amenazas dirigidas al gobierno provincial, mencionando a Pullaro y al entonces ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. En los días siguientes, los asesinatos y ataques continuaron, siendo parte de una serie de represalias por las políticas de seguridad del gobierno. Estas acciones culminaron en paros de trabajadores y una ciudad paralizada por el miedo.
A pesar de los avances en la investigación, que llevaron a la identificación de varios menores y adultos involucrados en los crímenes, la justicia sigue sin esclarecer totalmente la autoría intelectual de los hechos. Los fiscales sostienen que las bandas criminales, con sus líderes en prisión, orquestaron los crímenes en represalia contra las políticas de seguridad, pero aún no se ha logrado una conclusión definitiva.
La saga de crímenes de trabajadores dejó una marca profunda en Rosario, que aún no logra recuperar su tranquilidad. La violencia desbordó las calles y afectó gravemente la actividad cotidiana de los rosarinos. La gestión del gobierno provincial, encabezada por Pullaro, se ve opacada por una crisis de seguridad que aún no parece tener solución.
Este año, las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y restablecer el orden, mientras la población espera respuestas.
